Autor: Raiden

Seguro que no poca gente se pregunta qué es lo que ocurre tras el supuesto final feliz en que acaba el drama humano de la inmigración, qué ocurre con esos subsaharianos que vemos en la televisión correr por las calles de Melilla exhaustos de alegría tras haber conseguido acceder a la Ciudad Autónoma, por fin, objetivo conseguido. Qué, en definitiva, pasa con la princesa y el príncipe del cuento tras haberse dado un beso y galopar juntos hacia el horizonte ¿Qué hay después de ese horizonte? ¿Qué es lo que esperan conseguir esas 80.000 personas que, según Delegación de Gobierno de Melilla, están esperando para entrar en la ciudad?

Pues bien, ahora que los asaltos a la valla de Melilla están tan de actualidad, quiero aprovechar este espacio para tratar de acercar al público en general, desde mi posición de magistrado que ejerce sus funciones en esta ciudad, la respuesta a la pregunta del título, que en su versión más corta se resume en la siguiente frase:

En su inmensa mayoría, estos inmigrantes acaban en la península ibérica y el resto de Europa.

Me explico.

Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

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En Melilla se levantó hace tres lustros un muro ‘infranqueable’ que pretendía “impermeabilizar” los límites terrestres de la ciudad autónoma con Marruecos.

La valla de Melilla es en esencia una alambrada metálica; una barrera física de separación entre Marruecos y el enclave español, cuyo único propósito es dificultar o impedir la inmigración irregular. Está fabricada de alambre de acero y su coste inicial fue de unos 33 millones de euros. Comenzó a levantarse en 1998, primero como una sola valla y finalmente como dos barreras paralelas de tres metros de altura, que fueron recrecidas hasta los seis metros en 2005, tras la llamada ‘Crisis de la Valla’.

Estos muros metálicos, con una longitud de 10,8 kilómetros, no son el límite real entre España y Marruecos. Fueron construidas en terreno español bordeando la carretera ML-300, conocida como ‘de circunvalación’. Según palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la valla marca el límite “jurídico-político”, pero no el “geográfico-topográfico”, del territorio melillense.

Desde Marruecos, el inmigrante que pretende entrar en Melilla debe primero atravesar una carretera perimetral que el gobierno alauí está terminando de construir. Después, se encuentra con una doble alambrada de espino, a la que sigue una zanja de tierra de dos metros de profundidad y cuatro de anchura, y finalmente una pista de seguridad repleta de miembros de las Fuerzas Auxiliares y puestos de vigilancia. Todo esto antes de toparse con la valla colocada por España.

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Aunque ya tratamos anteriormente el déficit de tarifa, en esta ocasión vamos a realizar un análisis más amplio del mercado eléctrico profundizando en mayor detalle gracias al artículo de  www.economiasencilla.com :

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido invalidar la subasta eléctrica del 19 de diciembre, por «la concurrencia de circunstancias atípicas». Dicha subasta suponía un aumento del coste de la energía de más del  25%, lo que implicaría un alza en la tarifa final del 10,5% (al que se uniría otro 1% de subida por la elevación de la parte regulada que hizo el Gobierno). Todo ello elevaría aún más la pobreza energética que ya sufren muchos hogares.

La CNMC no tiene potestad para anular la subasta, pero ha trasladado su informe a la Secretaría de Estado de Energía, que es la que ha decidido proceder a su anulación, según se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), «ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas». El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha llegado a calificar la subasta de «burda manipulación».

¿Por qué ha subido más de un 70% en los últimos seis años?

¿Cómo ha llegado España a ser uno de los países con la electricidad más cara de Europa?

¿Qué es el déficit de tarifa?

¿Cómo es posible que a pesar de los altos precios, el déficit de tarifa siga aumentando?

¿Por qué, a pesar de ello, las eléctricas tienen grandes beneficios?

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