Categoría: Denuncia

Yemen lleva ya más de 10 años en guerra. El bloqueo al que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han sometido al país, ha provocado, según las estimaciones más optimistas de Save the Children, la muerte por inanición de 87.000 niños. La cifra de muertos, según la ONU, ya va por los 233.000. Es el peor conflicto humanitario desde la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, no es que no se vayan a aplicar sanciones a estas dos dictaduras, sino que países europeos, Canadá y EEUU, siguen cerrando contratos millonarios con Arabia Saudí y EAU relacionados con la construcción, las renovables y el petróleo.

Son decenas los clubes de fútbol patrocinados por empresas de Emiratos, algunos de los cuales han condenado la injusta e ilegal invasión (que no Guerra) del miserable de Putin. Son muchos los grupos que han suspendido sus conciertos en Rusia pero no en Israel. Escuchar al primer ministro israelí calificar de «barbarie» lo de Ucrania, más allá de que sea cierto, es de una hipocresía insoportable.

Decía Kapuscinski: «En la guerra, no sigas la estela invertida de la bala para encontrar al culpable. Sigue al dinero. Siempre es el dinero».

La propia España ha cerrado contratos armamentísticos millonarios con Arabia Saudí. El Rey, como todos sabemos, guarda una especial amistad con la familia real saudí que, por cierto, lleva más de 30 años financiando el terrorismo yihadista, algo que la CIA sabe desde los años 80, pese a que solo se haya buscado a los terroristas en Irak o Afganistán.

Fuente: www.meneame.net

Ampliación geopolítica: www.luisgonzalosegura.es

Documentación a la que ha tenido acceso Diario16 y que se adjunta a una denuncia presentada por la asociación contra la corrupción ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas.

Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, tres de estos cuatro magistrados intervinieron un año después en la Sala que tenía que resolver la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito.

Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él.

A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte».

A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia».

A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la fuga».

A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?».

Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que, tal y como hemos publicado en Diario16, ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura.

La gravedad de las acusaciones de la denuncia de ACODAP obligan al fiscal y a los magistrados ya jubilados a, en el caso de no ser ciertos los hechos denunciados, hacer un comunicado público o convocar una rueda de prensa para exponer su versión de los hechos denunciados o para desmentirlos.

Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín

Tal y como indicamos anteriormente, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.

Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin resolver un asunto: un importante número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.

El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que continuara con su labor Eduardo Fungairiño que apenas tardó un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza instructora: Teresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo, la Doctrina Botín.

Fuente: https://diario16.com

Conocí a Sandra en 2012 en un edificio de viviendas que fue ocupado por familias desahuciadas en Sevilla capital y que se convirtió en un símbolo internacional de la maldad ideológica del poder financiero. Entre cita informativa y cita informativa, yo me fijaba en una mujer de menos de 30 años que cargaba con tres niños y ninguno superaba los 10 años.

Sandra no era de las más echadas para adelante. Siempre se mantenía en un segundo plano, como preguntándose qué hacía allí una mujer como ella. Acompañada de sus hijos y su marido, tan joven como ella, esquivaba la mirada cuando nos cruzábamos en aquel ir y venir de gente que se convirtió aquel edificio ocupado en defensa del derecho a la vivienda.

Un día, en la fuente donde iba a llenar las garrafas de agua, pudimos hablar un poco más, dentro de los límites de su timidez. En 2010, dos años atrás, su marido llegó a casa con la carta de despido del taller donde trabajaba. A ella, año y medio más tarde, le hicieron lo mismo en la empresa donde limpiaba bloques, escaleras y oficinas.

De pronto, dejaron de entrar ingresos en la casa y se hizo imposible pagar la hipoteca y el resto de recibos. “Llegó un día que tuve que decidir si darle de comer a mis niños o pagar la hipoteca”, me confesó en la fuente una calurosa tarde de septiembre de 2012.

El miedo a que la policía llegara al piso a desahuciarlos hizo que abandonaran la noche antes de la cita del juez para la ejecución hipotecaria. Llamaron a un amigo con una furgoneta y en dos horas recogieron cinco vidas, una historia de amor y el sueño frustrado de criar a sus tres hijos en armonía.

Sandra se fue con los niños a casa de su madre y su marido se marchó solo con su familia, con la idea de buscar una solución que permitiera reagrupar a los cinco nuevamente. Sandra, que por aquellas tendría 30 años, tenía surcos en la cara propios de una señora de 60. Dicen los médicos que nada envejece más que la pobreza y Sandra estaba marcada por el dolor social de una crisis que se había cebado con ella.

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En los Sanfermines de 1978, el 8 de julio de 1978 en Pamplona (España), tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total, la Policía Armada intervino dejando más de 150 heridos y un estudiante muerto por un tiro en la frente. Esta intervención llevó una huelga general en Navarra y protestas que se extendieron por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y el resto de Navarra. Estos sucesos nunca fueron juzgados.

Posteriormente se contabilizaron más de 150 heridos, de ellos once con heridas de bala. Según Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en aquel momento, solo en seis horas y en la zona del centro de Pamplona se hicieron 7000 disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala.³

El grado de violencia empleado quedó reflejado en las órdenes que se daban desde la central a los policías por radio, y que fueron grabadas:

«Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis.»

«No os importe matar.»

La Primera de TVE, que retransmitía la corrida en directo por televisión, emitió las imágenes de los incidentes en directo para toda la nación desde la plaza de toros. Sin embargo, misteriosamente esas imágenes desaparecieron y a día de hoy no constan en sus archivos.

Fuente: www.youtube.com

Llegó de copiloto en todo terreno acompañado del celador, caminó un centenar de pasos erguido como una vela, instaló el rifle sobre el fino trípode que portaba, apuntó a un ciervo encendido de amor que bramaba al viento y ramoneaba ajeno a todo peligro, y, sin sudor alguno ni mota de polvo que deslustrara su impecable atuendo de marca, cosechó de esta guisa un nuevo éxito como cazador, que a saber cómo pregonará donde exponga el trofeo.

Con este derroche de ventajas cumplió el venador una misión salvaje que, en buena lid, debiera exigir caminata, atisbo, agudeza, persecución y algún que otro rasguño para, al fin, alzarse con una res que ventea a distancia y desaparece entre el follaje al menor movimiento sospechoso.

La otra soba que forja y dobla a todo cazador digno de tal nombre, consecuencia de sangrar, descuartizar y cargar con el animal abatido, también lo resolvió el susodicho cediendo al celador la tarea de descabezar el venado y de trasladar el llamado trofeo hasta el vehículo, y dejando el resto del gastronómico cuerpo tirado en la costanera para banquete de carroñeros y fauna necrófaga.

Al hombre del rifle lo empujaba la adrenalina de atinar en el codillo al ungulado avistado por el celador tiempo atrás, y derribarlo para siempre. Hubo un tiempo, reconocido por la propia guardería, «que si untabas» conseguías uno de los ases del berreadero. De lo contrario pasabas las estancias en blanco con el demérito de presentarte ante los tuyos de vacío o con un jijas.

Sucedió en esta ocasión que solo unos minutos antes de perforarlo con dos balas, el armonioso ciervo era observado en silencio y con todos los sentidos en vilo por una niña y sus padres, que habían acudido a disfrutar de la berrea y del comportamiento de uno de los seres considerados «nobles» del bosque. Luchaba con todo su temperamento por imponerse y gobernar el reino de hembras, y por perpetuar la especie.

También un amante de la caza fotográfica inmortalizaba ese crepúsculo, y desde la misma tribuna, el espectáculo salvaje. Lo hacía con mutismo para no alterar la confrontación entablada por los excitados señores entre la vegetación y sus claros. Lucían los protagonistas el 24 de septiembre las cornamentas más poderosas posibles, y se cocían los retos y gran batalla sobre el terreno.

En el resguardo de la cumbre coincidieron ese atardecer los amantes de la fauna, el aficionado a la caza fotográfica y, en último lugar, el cazador de trofeos. Una diversidad de intereses estaban allí reunidos.

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Artículo 578 del Código Penal

1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

• a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.
• b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.

Fuentes:

• http://noticias.juridicas.com
• www.20minutos.es