Categoría: Denuncia

Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:

PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.

SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes.

TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.

CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en «City managers», es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.

QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.

SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.

SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.

OCTAVO:  Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época.  Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.

Fuente: http://www.elsentidodelavida.com

Un análisis local de la corrupción muestra que 1.498 de las 8.131 localidades de España (incluyendo Ceuta y Melilla), es decir, el 18,4% de los municipios, ha experimentado al menos un caso de corrupción política en el período de estudio. Este dato es más relevante si tenemos en cuenta que esas 1.498 localidades suponen el 73,5% de la población total de España:

Por tramos de población, el mayor número de casos se ubica en aquellos municipios menores a 100.000 habitantes y mayores a 2.000, que suponen el 62,7% de los 1.498 casos. Pero un dato resalta: cuanto mayor sea la población del municipio, mayor es la probabilidad que este haya tenido un caso de corrupción. Así, en el caso de los municipios con más de 100.000 habitantes, ha habido corrupción en el 92% de ellos.

Tipos de delitos

Casi un tercio (32,3%) de causas están relacionadas con la corrupción urbanística, especialmente en los gobiernos locales. España experimentó un ciclo económico expansivo apoyado en el boom inmobiliario desde mediados de los años 90 hasta la crisis económica de 2007, una etapa que propició la concesión irregular de licencias y operaciones de especulación urbanística.

En segundo lugar, se encuentran los delitos de malversación de caudales públicos (20,7%), que llevan aparejado un perjuicio económico para las Administraciones Públicas. La manipulación de licitaciones públicas (bid rigging), ya sea mediante el amaño directo de la subasta o el fraccionamiento de contratos, representa el 15,9% de los casos.

Por partido político

El Partido Popular (PP) es el que más causas de corrupción tuvo entre los años 2000 y 2020, participando en el 40,5% de los procedimientos recopilados. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), implicado en el 38,3% de los casos. Teniendo en cuenta que ambos partidos intervinieron de manera conjunta en 111 casos (aproximadamente el 3% del total), PP y PSOE han tenido algún cargo implicado en el 75,8% de las causas. No es trivial recordar que ambas formaciones acaparan la mayoría de las alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales en el período de estudio. Izquierda Unida (IU) ocupa el tercer lugar en este ranking de corrupción, con acusados en el 4,1% de los casos, seguida de la extinta Convergència i Unió (CiU), que aparece en el 3,6% de las causas.

Fuente: https://nadaesgratis.es