Aunque ya tratamos anteriormente el déficit de tarifa, en esta ocasión vamos a realizar un análisis más amplio del mercado eléctrico profundizando en mayor detalle gracias al artículo de  www.economiasencilla.com :

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido invalidar la subasta eléctrica del 19 de diciembre, por «la concurrencia de circunstancias atípicas». Dicha subasta suponía un aumento del coste de la energía de más del  25%, lo que implicaría un alza en la tarifa final del 10,5% (al que se uniría otro 1% de subida por la elevación de la parte regulada que hizo el Gobierno). Todo ello elevaría aún más la pobreza energética que ya sufren muchos hogares.

La CNMC no tiene potestad para anular la subasta, pero ha trasladado su informe a la Secretaría de Estado de Energía, que es la que ha decidido proceder a su anulación, según se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), «ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas». El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha llegado a calificar la subasta de «burda manipulación».

¿Por qué ha subido más de un 70% en los últimos seis años?

¿Cómo ha llegado España a ser uno de los países con la electricidad más cara de Europa?

¿Qué es el déficit de tarifa?

¿Cómo es posible que a pesar de los altos precios, el déficit de tarifa siga aumentando?

¿Por qué, a pesar de ello, las eléctricas tienen grandes beneficios?

¿Qué estamos pagando en la factura eléctrica?

La factura eléctrica incluye una serie de costes:

– Generación.

– Transporte y distribución.

– Primas.

– Subvenciones.

– Ayudas encubiertas.

– Costes insulares y extrapeninsulares.

– Costes de financiación del déficit de tarifa.

– Tarifa especial para grandes empresas.

– Moratoria nuclear.

– Impuestos (impuesto eléctrico + IVA).

Se pueden diferenciar dos partes en la factura, la parte regulada (los llamados peajes), que depende del Gobierno, y que aproximadamente supone el 55% de la factura, y la parte correspondiente al «mercado», que sería el otro 45%. Hay que recordar también que en agosto de este año, el Gobierno decidió una importante subida en la parte fija de la factura. Como veremos, algunos de ellos no tendrían que estar ahí, mientras que otros que sí deben estar tienen un coste demasiado elevado.

1. Generación

La fijación de los precios de la electricidad se determina a través de la (tristemente) tan de actualidad subasta. Los productores de electricidad ofertan cantidades de electricidad y precios al Operador de Mercado (OMEL) y los demandantes presentan sus precios de compra. Aparentemente, podría parecer que es un mercado normal (de oferta y demanda), aunque veremos que presenta algunas particularidades que le alejan enormemente de este modelo. Dependiendo del origen de la electricidad se ofertan precios distintos. Primero se ofrecen los precios más bajos (las de régimen especial, la nuclear…) y después se van asignando las más caras, hasta completar la demanda existente. Aquí aparece una primera cuestión anómala, y es que todas las energías de ese período se van a pagar al precio más alto alcanzado en la subasta.

Resulta cuando menos llamativo que el gobierno haya invalidado la subasta eléctrica del jueves, por las «circunstancias atípicas» que concurrían, pero las anteriores sean perfectamente válidas. En ésta, la subida era del 25,6% y entonces saltaron las alarmas, cuestionando su normalidad.

Si han manipulado esta subasta, ¿quién puede asegurar que no lo hacen habitualmente, pero con porcentajes de incremento más pequeños, para que no se note?

Existe otro modelo, denominado «pay-as-bid», en el cual se retribuirían al precio que se ofertara cada una (que sería lo normal, desde mi punto de vista). Hay algún autor que asegura que el resultado, «según la teoría económica, sería prácticamente idéntico». A mí, como economista, no me lo parece en absoluto, pero me gustaría que alguien me lo explicara en detalle.

Otro aspecto que hace que el mercado eléctrico no funcione normalmente es que es un oligopolio, dominado por cinco compañías productoras (o básicamente tres, Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa), las cuales, a su vez, son las distribuidoras y comercializadoras. Por lo tanto, la competencia que se puede establecer entre ellas es mínima, por no decir nula, de manera que han tenido algunas multas por parte de la Comisión Nacional de Competencia. Aunque es indudable que les compensa el empleo de prácticas monopolísticas, aunque de vez en cuando tengan una sanción.

Además, se trata de un mercado que tiene elevadas barreras de entrada, en forma de costosas inversiones, lo cual dificulta enormemente la entrada de otras empresas.

Por otra parte, el mercado eléctrico tiene una demanda bastante rígida. Esto significa que variamos poco nuestro consumo ante cambios en los precios. Así por ejemplo, aunque se ha reducido algo en los últimos años, el consumo se sitúa en niveles de 2005 (mientras que los precios han subido más de un 70% desde ese año).

Estas tres características unidas (oligopolio + altas barreras de entrada + demanda rígida) crean las condiciones perfectas para que los vendedores puedan establecer los precios a su antojo. Si fuese un mercado normal, la subida de los precios ocasionaría un descenso de la demanda, pero evidentemente, no es así.

Otra cuestión importante es que la electricidad no es un producto almacenable. Aunque algunos tratan de explicar el funcionamiento del mercado comparándolo con otros, este aspecto incide enormemente en su funcionamiento específico. Esto provoca que cuando se produce mucha electricidad «barata», por ejemplo, cuando llueve mucho o hace bastante viento, puede bajar el precio, pero esto no es sostenible. Por el contrario, cuando no se puede hacer uso de las renovables, es necesario contar con cierta sobrecapacidad, para poder generar electricidad.

En España, existe una elevada capacidad de producción, muy probablemente desproporcionada, ya que la potencia instalada supera los 100.000 MW, cuando el máximo histórico de demanda en nuestro país se situó en torno a los 45.000. Como veremos, esta sobrecapacidad se ha creado por cuestiones derivadas de decisiones políticas, con previsiones de crecimiento anual muy elevadas, más que por necesidades reales.

2. Otros costes

Los peajes de acceso incluyen algunas partidas que son perfectamente entendibles, tales como el transporte y la distribución, o los costes de los operadores del sistema (Red Eléctrica Española, Comisión Nacional de la Energía, OMEL, etcétera). Pero también se incluyen otros más cuestionables, como:

– Primas al régimen especial.

– Primas para el uso del carbón nacional.

– Costes derivados de la energía nuclear.

– Plan de ahorro y eficiencia energética.

– Costes de compensación extrapeninsular.

Las primas al régimen especial (energías renovables y cogeneración) también son citadas muy a menudo como la principal causa del déficit de tarifa (como veremos, hay muchas otras cuestiones). Es un hecho cierto que en España se han instalado una gran cantidad de megavatios de energías renovables, a causa de las condiciones favorables que se ofrecían, y se ha invertido mucho dinero en ello. También es verdad que ello ha permitido a nuestro país convertirse en uno de los líderes mundiales en estas tecnologías y ha reducido nuestra elevada dependencia energética del exterior, además de minorar el volumen de gases emitidos a la atmósfera.

Las primas para el uso del carbón nacional son una decisión política, para evitar el cierre de algunas minas en nuestro país, por el impacto que tendría en determinadas zonas para el empleo. El impuesto especial sobre la electricidad (el 4,864% que aparece en la factura) «tiene como objetivo básico la obtención de los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo sobre la facturación de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón». Si son una política social o de empleo, no deberían formar parte de la factura eléctrica.

Costes derivados de la energía nuclear. La moratoria nuclear se estableció en 1984, de manera que se prohibió la construcción de nuevas centrales y se cancelaron cinco antes de que empezasen a funcionar. Para compensar a las empresas que ya habían invertido en ellas, o que pensaban hacerlo, se fijó una indemnización de más de 4.000 millones de euros, de los cuales ya se han pagado más de 3.000 (está previsto finalizar el pago en 2015). Por otra parte, están los costes de gestión de los residuos y del stock de combustible nuclear para las centrales, que entre ambos rondan los 1.000 millones de euros.

Los costes de compensación extrapeninsular son una compensación por el sobrecoste del suministro a las islas. Como política de cohesión interterritorial, no deberían formar parte de la tarifa eléctrica. Actualmente suponen unos 1.800 millones de euros al año.

Los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) son otro de los elementos cuestionables. En 1997 se liberalizó el sector eléctrico, y la ley 54/1997 «reconoce la existencia de unos costes de transición al mercado competitivo», que se cifraron en más de 8.000 millones de euros.

Como se iba a acabar el monopolio, las empresas recibirían esa compensación por la previsible bajada de beneficios. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, por las características del mercado (oligopolio + barreras de entrada + demanda rígida), no se ha producido una liberalización real. Parte de los CTC’s se han incluido en el déficit de tarifa, por lo que algunos autores estiman que la cifra total por este concepto supera los 10.000 millones de euros.

En definitiva, seguimos sin tener un mercado competitivo, la «transición a la competencia» ha costado una cantidad desproporcionada de dinero, la factura eléctrica sigue en alza, y además, se les debe a las eléctricas una cantidad que ronda los 30.000 millones de euros, el llamado déficit de tarifa.

3. Impuestos

Entre el Impuesto Eléctrico y el IVA el consumidor paga un 26% de impuestos. Aparte estarían los impuestos y tasas que gravan a las diferentes energías. Es por ello que el importe recaudado por el gobierno a través de la electricidad resulta muy jugoso, por lo cual no muestra especial interés en que se reduzca su volumen; es una manera de recaudar más impuestos sin que los ciudadanos perciban que les han aumentado la fiscalidad, ya que la culpa la van a tener «las eléctricas».

Qué es el déficit de tarifa

El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste del suministro eléctrico y el precio de la electricidad. Teóricamente, supone que el precio que cobran las eléctricas no es suficiente para cubrir los costes, y por eso se les reconoce ese déficit, que es una deuda del Estado con las eléctricas.

Inicialmente, nació por la decisión política de contener el IPC, llegando incluso a bajar los precios de la electricidad (a costa de endeudarse). Pero ha ido aumentando hasta convertirse en algo inmanejable, un 3% del PIB). Pero, ¿realmente debería existir? Si es así, ¿debería ser tan grande?

Una pregunta habitual es: ¿cómo puede existir el déficit de tarifa y al mismo tiempo las eléctricas ganar miles de millones? En primer lugar, habría que tener en cuenta el beneficio que obtienen estas compañías en España, ya que no todas sus ganancias provienen de nuestro país. Y en segundo lugar, el déficit de tarifa no se suma a los beneficios que obtienen, las empresas ya han contabilizado esos ingresos y el déficit figura como un derecho de cobro que tienen respecto al Estado.

De dónde surge el déficit de tarifa

Teóricamente es la diferencia entre lo que cobran las eléctricas y lo que cuesta la electricidad, pero el problema es que los costes que se les reconocen no son realmente los costes que tienen, ya que hay diversos elementos que no deberían estar ahí; y por otra parte, como ya se ha explicado, el sistema de subasta no parece el más adecuado.

Aparte de las subvenciones a las renovables, que todo el mundo cita como «culpables», debemos tener en cuenta otros elementos, como:

Pagos por capacidad: ya en la ley de 1997 se cita la posibilidad de remunerar a ciertas instalaciones para que sirvan de resguardo, si hace falta potencia eléctrica y no está disponible, por la razón que sea (por ejemplo, por falta de viento y de agua, por paradas no programadas de las nucleares, etcétera). Esto está relacionado con lo comentado anteriormente, siempre debe haber una capacidad de producción eléctrica superior a la demanda efectiva (otra cuestión es que se haya sobrepasado en exceso, como sucede en la actualidad). A este concepto han destinado más de 2.500 millones de euros en el último quinquenio, a los cuales se añadirán otros 7.500 en los próximos diez años.

Aunque, como se ha señalado, conviene tener un exceso de capacidad productiva, aquí también ha habido cierta burbuja energética, y se han construido infinidad de centrales de ciclo combinado, subvencionadas a través de esta fórmula. Las centrales reciben más de 20.000 euros/MW al año, simplemente por «estar» disponibles, lo cual supone que en diez años, recuperan aproximadamente la mitad del coste de la inversión, sin necesidad de producir nada.

Si se trata de una cuestión de inversión en industria, no debería formar parte de la factura eléctrica ni del déficit de tarifa. Que se haga como una subvención al sector, otorgada por el ministerio correspondiente. Pero está claro que, con el exceso de capacidad productiva que tenemos, no deberíamos gastar en este concepto.

Costes extrapeninsulares: como ya se ha comentado anteriormente, no deberían estar en la tarifa, ya que es una política de cohesión interterritorial. El ministro de Industria, Jose Manuel Soria, afirmaba que esta partida iba a pasar a estar incluida dentro de los Presupuestos Generales del Estado, aunque el ministerio de Hacienda ha frenado de momento esta posibilidad, para no engordar el déficit.

Interrumpibilidad: para garantizar la disponibilidad del suministro (que como ya se ha dicho, está más que garantizada), el gobierno ha incluido también como coste del sistema la interrumpibilidad. A las grandes empresas que utilizan de forma intensiva la electricidad (por ejemplo, a las siderúrgicas) se les pide que estén dispuestas a interrumpir su suministro en el caso de que sea necesario, y se les retribuye por ello. Este concepto se ha elevado más de un 50% en 2013, de manera que supera los 700 millones de euros al año. Por supuesto, este concepto no debería existir si existe mucha más capacidad de producción que demanda real, y en caso de existir, debería ir a cargo de alguna partida en los Presupuestos Generales del Estado (como subvención para garantizar el empleo de esos trabajadores, por ejemplo) y no en la tarifa eléctrica.

Costes de Transición a la Competencia (CTC’s): como ya se ha citado anteriormente, se han destinado alrededor de 10.000 millones de euros a este concepto. Ya quisieran otros sectores tener este tipo de prebendas.

En definitiva, se está reconociendo a las eléctricas un déficit de tarifa en relación a unos costes que no son reales, sino que vienen derivados, en gran medida, de cuestiones reguladas por los sucesivos gobiernos. No debería hablarse de un déficit de tarifa, sino de un superávit en las retribuciones reconocidas.

No obstante, aplicando un poco de geopolítica, lo más probable es que realmente el recibo de la luz en España sea fijado en Wall Street.