La tasa (tributo) obliga a que no se cobre más que el coste de la prestación del servicio, mientras que una tarifa (precio privado) puede subir sin más límite que el que imponga la administración adjudicataria en caso de privatización o de concesión.
Así, cuando los servicios públicos están privatizados, o se efectúan a través de una empresa mixta público-privada, el precio de este recibo ya no está sujeto a las restricciones propias de las tasas. La mitad de los abastecimientos de agua están gestionados en España por empresas privadas, que en su mayoría están controladas por Agbar, FCC y Acciona, según Ecologistas en Acción. El proceso se aceleró durante la crisis económica como forma de obtener fondos, aunque después se ha revertido en ciudades como Valladolid, donde este servicio se remunicipalizó. En Madrid se intentó privatizar el Canal de Isabel II, pero el proceso se frenó, en medio de escándalos y casos de corrupción.
Fuente: www.eldiario.es
