Día: 22 de febrero de 2021

Documentación a la que ha tenido acceso Diario16 y que se adjunta a una denuncia presentada por la asociación contra la corrupción ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas.

Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, tres de estos cuatro magistrados intervinieron un año después en la Sala que tenía que resolver la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito.

Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él.

A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte».

A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia».

A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la fuga».

A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?».

Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que, tal y como hemos publicado en Diario16, ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura.

La gravedad de las acusaciones de la denuncia de ACODAP obligan al fiscal y a los magistrados ya jubilados a, en el caso de no ser ciertos los hechos denunciados, hacer un comunicado público o convocar una rueda de prensa para exponer su versión de los hechos denunciados o para desmentirlos.

Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín

Tal y como indicamos anteriormente, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.

Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin resolver un asunto: un importante número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.

El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que continuara con su labor Eduardo Fungairiño que apenas tardó un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza instructora: Teresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo, la Doctrina Botín.

Fuente: https://diario16.com