Conocí a Sandra en 2012 en un edificio de viviendas que fue ocupado por familias desahuciadas en Sevilla capital y que se convirtió en un símbolo internacional de la maldad ideológica del poder financiero. Entre cita informativa y cita informativa, yo me fijaba en una mujer de menos de 30 años que cargaba con tres niños y ninguno superaba los 10 años.
Sandra no era de las más echadas para adelante. Siempre se mantenía en un segundo plano, como preguntándose qué hacía allí una mujer como ella. Acompañada de sus hijos y su marido, tan joven como ella, esquivaba la mirada cuando nos cruzábamos en aquel ir y venir de gente que se convirtió aquel edificio ocupado en defensa del derecho a la vivienda.
Un día, en la fuente donde iba a llenar las garrafas de agua, pudimos hablar un poco más, dentro de los límites de su timidez. En 2010, dos años atrás, su marido llegó a casa con la carta de despido del taller donde trabajaba. A ella, año y medio más tarde, le hicieron lo mismo en la empresa donde limpiaba bloques, escaleras y oficinas.
De pronto, dejaron de entrar ingresos en la casa y se hizo imposible pagar la hipoteca y el resto de recibos. “Llegó un día que tuve que decidir si darle de comer a mis niños o pagar la hipoteca”, me confesó en la fuente una calurosa tarde de septiembre de 2012.
El miedo a que la policía llegara al piso a desahuciarlos hizo que abandonaran la noche antes de la cita del juez para la ejecución hipotecaria. Llamaron a un amigo con una furgoneta y en dos horas recogieron cinco vidas, una historia de amor y el sueño frustrado de criar a sus tres hijos en armonía.
Sandra se fue con los niños a casa de su madre y su marido se marchó solo con su familia, con la idea de buscar una solución que permitiera reagrupar a los cinco nuevamente. Sandra, que por aquellas tendría 30 años, tenía surcos en la cara propios de una señora de 60. Dicen los médicos que nada envejece más que la pobreza y Sandra estaba marcada por el dolor social de una crisis que se había cebado con ella.
Mientras estuvo viviendo en aquel bloque de edificios, al que llegó avisada por Stop Desahucios y después de darle una patada a la puerta de una vivienda propiedad de un banco rescatado por el Estado, sus niños no faltaron un solo día a la escuela y ella no dejó de recorrer los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Cáritas, Cruz Roja y cuantas órdenes religiosas había dedicadas a la acción social.
Sandra pedía un piso en alquiler social para irse con su familia, un trabajo y alimentos para dar de comer a su prole. Pan, techo y trabajo. Así se tiró, malviviendo, un año. A todo esto, años más tardes me contó que su marido, ya convertido en ex, la maltrataba vilmente y la violaba cuando ella no quería tener relaciones sexuales. Una tragedia en un cuerpo menudo que no llegaba a 30 años. No se me ocurría que más tendría que mandarle la vida para castigarla con mayor sadismo.
Un día de 2013, a media mañana, suena mi teléfono y era Sandra. Pensé que el edifico iba a ser desalojado y que tendría que tirar corriendo para cubrir la noticia. Error. Unas monjas le habían ofrecido un piso de 50 metros cuadrados en mi barrio, justo al lado donde yo vivía, se podría ir con su familia. Abandonó el edificio ocupado y la tensión de no saber si esa noche la policía aporrearía la puerta de la casa ocupada y echaría a su familia con violencia y menos sensibilidad social que un felpudo.
A los dos meses de estar ya instalada en la nueva casa, Sandra recibió una paliza de su marido que casi la mata. Delante de sus hijos. El grito de auxilio llegó hasta la puerta de una vecina que la salvó llamando a la policía. El marido abandonó la casa y Sandra ahora criaría en soledad a sus tres niños, limpiando por horas casas o yendo al cementerio a limpiar panteones por seis euros la hora. Todo ello alternándolo con terapias contra la violencia de género.
Yo hace ya dos años que no vivo en el barrio y perdí un poco el contacto con Sandra, pero esta semana volvió a sonar el teléfono y era ella: “Me ha dado una paliza de muerte otra vez y me violó en febrero”, me cuenta a bocajarro, sin anestesia. Se me ponen los pelos como escarpias y guardo un silencio que ella acompaña al otro lado del teléfono.
Me relata que hace un mes fue despedida de una empresa de limpieza en la que llevaba tres años trabajando; a 4,5 euros la hora, muchas de ellas en negro. El mes que más ha cobrado, dice, no ha llegado a los 650 euros y ha sido a cambio de llegar a casa a las 19 horas desde las 9 de la mañana, dejando a los niños al cuidado de una vecina. Fue despedida una semana antes de la declaración del estado de alarma, por lo que no tiene derecho al ERTE y el desempleo lo agotó la última vez que quedó desempleada. Por supuesto, no le pagaban el tiempo que echaba en trasladarse desde una oficina a otra ni la hora de la comida. Tampoco muchas horas que trabajaba.
Me confiesa que le queda un paquete de espaguetis, medio litro de aceite, dos cajas de leche, un kilo de alitas de pollo, mantequilla, cacao en polvo para desayunar y cuatro rebanadas de pan de molde. “No me quedan ni yogures para que mis niños se tomen uno antes de irse a dormir”, narra entre sollozos.
El motivo de la llamada de Sandra es de socorro. Sin ingresos, sin poder buscarse la vida en la economía informal y sin comedor escolar, no puede alimentar a sus tres hijos. Necesita ayuda urgente. El día anterior fue a las monjas que le cedieron el piso pero están confinadas en el convento para evitar el contacto con el coronavirus y han cancelado la acción social.
Sandra está perdida, sola con tres hijos y su única ayuda, su madre, tiene una pensión de 680 euros que comparte con otros dos hermanos que aportan cuatro niños más. La llamada de Sandra me pilla fuera de Sevilla y no sé qué hacer, así que llamo a un vecino. El vecino le da 100 euros para que haga una compra urgente y la acompaña a los servicios sociales del barrio, que le dan cita para dentro de cinco días con la trabajadora social. Cinco días para una madre que reconoce no tener con qué alimentar a sus hijos. Una emergencia social tratada como si fuera un asunto de ocio.
Conozco a Sandra y la quiero desde hace ocho años y, trabajando incluso, raro ha sido el mes que no haya tenido que ir a pedir alimentos al salir de trabajar a un economato social de alguna hermandad. Su pobreza y la de sus hijos se han cronificado. Está harta de trabajar, de esforzarse, que dirían los neoliberales, pero ni un solo mes consigue ganar más de 600 euros.
Sé de su nobleza, que no llama para pedir ayuda salvo que esté a punto de ahogarse, la vergüenza que pasa al ponerse en las colas de Cáritas o Cruz Roja a pedir alimentos y la batalla que lleva para que sus tres hijos no la vean llorar ni noten las estrecheces económicas o el miedo que tiene a que su exmarido aparezca por el barrio.
Por eso, porque conozco a Sandra, me levanta los pies del suelo el odio clasista que ha despertado el anuncio del ingreso mínimo vital entre quienes han heredado todo lo que tienen y hasta el trabajo se lo deben a los contactos de papá. Argumentan en contra de ayudar a Sandra a llenar su nevera porque, aseguran, preferirá estar en casa antes que ir a trabajar. Como si sobrara el trabajo y el problema no fuera que hay más manos de obra que puestos de trabajo a cubrir, por obra y gracia de una robotización que hasta ahora sólo ha servido para engordar los beneficios de las grandes multinacionales, no de sus trabajadores ni de las pequeñas y medianas empresas.
En el fondo, a las élites les da igual que el Estado pague 500 o 900 euros a Sandra mientras esté en situación de exclusión social, lo que realmente molesta a quienes lo quieren todo es que la gente sencilla tenga derecho a elegir en una entrevista de trabajo entre ser explotadas por un sueldo de miseria a vivir dignamente con lo mínimo.
La paguita que recibirá Sandra no sólo recaerá en el bienestar de ella y sus hijos, sino que también va a beneficiar al pescadero, carnicero, peluquera o panadera donde el millón de familias en exclusión gastará su ingreso mínimo para comprar alimentos y productos de higiene personal.
Hay dos maneras de rescatar a un país: dándole el dinero a los bancos (60.000 millones de euros) o directamente al millón de familias más vulnerables (6.000 millones de euros) para que pongan en marcha la maquinita del consumo interno y del dinero. En 2008 salvamos a los bancos y el resultado es que tenemos niveles de pobreza infantil al nivel de Rumanía, aunque España es la cuarta economía de la Eurozona.
La paguita de Sandra vale un gobierno de coalición, una legislatura y el voto de quienes lo hicieron por Unidas Podemos, formación que ha impulsado esta revolución que evitará que Sandra tenga que contar una y otra vez su tragedia cada vez que no tenga nada para darle de comer a sus hijos. La paguita de Sandra nos hace más dignos como país, más empáticos, más humanos y con más futuro, pero sobre todo nos sitúa en una salida a la crisis en sentido contrario a la de 2008 y a la que desearían Felipe González y José María Aznar.
A quienes ganan 300.000 euros al año, como al presidente de la patronal española, a la derecha y la ultraderecha no les molesta las subvenciones a la tauromaquia, ni el dinero que recibe la Casa Real, el rescate de autopistas o la millonada de 1.300 millones de euros que hubo que pagarle a Florentino Pérez por su planta petrolífera fallida en las aguas de Castellón, sino el ingreso mínimo que recibirán quienes por no tener no tienen ya ni un mísero yogur con el que acostar a sus niños.
Fuente: www.lavozdelsur.es
